Con relación al anuncio de la Contraloría por Hidroituango

La veeduría Todos por Medellín nació el pasado 25 de agosto, en medio de un contexto complejo para EPM y la Alcaldía de Medellín, con un objetivo supremo: cuidar el patrimonio público de los habitantes de la capital antioqueña.

Desde ese momento hemos estudiado procesos contractuales, producido diversos pronunciamientos, derechos de petición y denuncias ante las autoridades competentes con el objetivo de que se investigue con el mayor rigor y se privilegien los intereses comunes por encima de los beneficios individuales.

 

En ese orden de ideas, no somos ajenos al anuncio de la Contraloría General de la República sobre los 28 imputados, dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por los sobrecostos en la construcción del proyecto Hidroituango, y valoramos las participaciones de los organismos de control para cuidar el patrimonio público.

Como Veeduría trabajamos de la mano con los organismos de control conforme con lo dispuesto en la Ley 850 de 2003,  por lo que desde nuestra labor de control social estamos convencidos de la necesidad de que si están presentes los elementos estructurales para atribuir responsabilidad fiscal, esto es, una acción u omisión (dolosa o con culpa grave), nexo causal y un daño patrimonial,  quienes incurrieron en ella asuman las consecuencias.

En atención a la presunción de inocencia y el respeto por el debido proceso, entendemos que, si bien la imputación hecha fue un paso adelante en la investigación por la eventual pérdida de $4 billones de costos adicionales del proyecto, la responsabilidad fiscal de todos los involucrados solo se determinará una vez estos sean vencidos en el proceso.

(Lea aquí: Acudir a la solución alternativa de conflictos en Hidroituango, el mecanismo para cuidar a EPM)

Es decir, a la fecha los 28 imputados no han sido declarados responsables y tendrán dentro del juicio la posibilidad de presentar las pruebas que desvirtúen o contraríen los hechos probados a partir de los cuales el organismo de control tomó de decisión de hacer la imputación.

Sin descuidar lo importante que resulta dicho proceso, hoy nos concentramos en lo fundamental para la sostenibilidad de EPM: que las obras continúen su rumbo, no sean suspendidas y que el megaproyecto llegue a buen puerto y pueda generar energía en el primer trimestre de 2022 para tranquilidad de las comunidades aguas abajo, los prestamistas de EPM, la seguridad energética del país y el bienestar de los habitantes de Medellín y Antioquia que reciben millonarias transferencias de la empresa de servicios públicos.

 

Lo público es de todos, Todos por Medellín. 

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