Desenredando la pita del índice anticorrupción

Por: Piedad Patricia Restrepo (@piedadrestrepor)

Vocera de Todos por Medellín

“Si hay algo más gratificante y que demuestre lo que Medellín significa para @QuinteroCalle y este gobierno es que aquí hay “garantías para todos, ventajas para nadie”. Con esta frase en su cuenta de Twitter, la Secretaría de Servicios y Suministros de la Alcaldía de Medellín, Karen Delgado, acompañaba un gráfico que mostraba un valor de 86,06 en el Índice Nacional Anticorrupción-INAC-y al lado izquierdo se podía leer las entidades Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia.

La supuesta buena noticia que daba la secretaria tenía que ver con que Medellín se destacaba en el año 2020 como la ciudad de mejor índice anticorrupción. Tres días después, la secretaria retomaba el tuit para sumarse al hashtag #Alcaldesdelaprimeralinea, afirmando que estaba en “Primera línea en el cuidado de lo público”.

El asunto no quedó simplemente en la red social; en la página web de la Alcaldía se reportó la buena noticia ampliando información sobre el desempeño de Medellín en el índice, comparando con el promedio nacional y el de otras ciudades importantes y explicando algunos aspectos relevantes del índice. Asimismo, varios medios digitales tomaron la noticia sin ningún tipo de contraste o ampliación, casi calcada del comunicado de la Alcaldía de Medellín.

Esta noticia, aparentemente buena porque reflejaba un buen resultado para el primer año de gobierno del alcalde Quintero en términos de políticas y acciones para combatir la corrupción, no lo es tanto, no por lo menos para esta Alcaldía.

Veamos por qué. Desenredemos la pita paso a paso. El gráfico donde aparecía la cifra de 86,06 está inmerso en la plataforma de visualización que tiene la Secretaría de Transparencia de la Vicepresidencia de la República para mostrar los resultados para entidades del orden central, departamentos y municipios en el índice Nacional Anticorrupción -INAC-; el último dato que se visibiliza es el 2020. No obstante, el documento metodológico que muestra cómo se construye el INAC, fundamental para interpretar sus resultados, expresa: “el INAC adopta datos de la vigencia inmediatamente anterior. Esto significa que, el Informe de Resultados 2020, se basa en información con corte a diciembre de 2019

Atendiendo lo anterior, los datos que presentó la secretaria, que amplió la Alcaldía de Medellín y que reprodujeron varios medios, corresponden a la vigencia 2019, último gobierno del alcalde Gutiérrez, y no al primer año de Quintero.  Es por ello, por lo que, si se observa bien el gráfico, arriba del valor promedio se puede leer “Entidades que publican en el Secop II 2015-2019”.

Lo peor no es el error de adjudicarse indulgencias con padrenuestros ajenos, lo peor es que luego se intente justificar con acciones de política emanadas del actual Plan de Desarrollo. Un total sinsentido. Esto es, decir que por lo realizado en el año 2020, a la ciudad le fue bien en 2019.  Así, en la página web de la Alcaldía de Medellín bajo el título de “La Alcaldía de Medellín logró el mejor Índice Nacional Anticorrupción (INAC) entre las ciudades capitales en 2020” se retoma las palabras de la secretaria Delgado para explicar el “buen resultado” “Esto obedece a una estrategia que desde esta administración hemos denominado Medellín Cuida lo Público, situaciones como la Ruta Medellín Cuida lo Público que visita cada comuna y corregimiento, la política de compras públicas innovadoras, sostenibles y  socialmente responsables, y en general lo que todas las dependencias han adelantado, ha permitido que Medellín se encuentre en el primer lugar entre las ciudades capitales

Ahora bien, los errores no paran ahí. El dato de 86,06 no corresponde a la Alcaldía de Medellín. Es un promedio para Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín en el año 2019, por ello en el gráfico mencionado se observan las dos entidades reseñadas. De hecho, a la Alcaldía le va mejor, con un INAC de 88,75, mientras la gobernación obtuvo 83,38, dando como promedio el 86,06 reseñado por la Alcaldía.

La Alcaldía, no conforme con errar en el valor y en el año del INAC, asumió orgullosa que obtuvo puntajes anticorrupción más altos que Bogotá, Cali y Barranquilla. Aquí de nuevo se equivoca la administración, pues los valores que presenta para estas ciudades también son un promedio para las respectivas gobernaciones y alcaldías, excepto para Bogotá. Así, la Alcaldía de Cali obtuvo 83,42 y la de Barranquilla 82,36.

Más importante aún, la propia Secretaría de Transparencia en el documento metodológico establece que el INAC se enfoca únicamente en las políticas o herramientas de lucha contra la corrupción, a fin de tener una mirada holística y poder identificar cómo están las entidades, cuánto les falta para llegar a un nivel óptimo en la implementación de las políticas, qué acciones impulsar y así acompañarlos en el proceso de mejoramiento. Por tanto, el INAC no promueve rankings, clasificaciones o posiciones.

Así las cosas, el llamado a la administración municipal es a asumir de forma responsable y transparente los mensajes que envía a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión en todos los frentes, incluyendo lo relacionado con las políticas anticorrupción. Antes de dar mensajes grandilocuentes y comparaciones sin sentido, debería estudiar de forma juiciosa los soportes metodológicos de todos estos índices e indicadores que sirven para orientar las diferentes políticas.  La forma errónea como trataron este tema deja un sinsabor y suma a la desconfianza que un gran porcentaje de la población hoy expresa sobre el manejo que la administración actual le está dando a la información, a los recursos y a la comunicación.

Colofón: nos preocupa muchísimo que el alcalde de Medellín exprese que: “La ley de garantías supondría hoy un duro golpe a la reactivación económica y afectaría aún más los dramas sociales ocasionados por dos años de pandemia.”

Esta administración y sus entidades descentralizadas han usado los convenios interadministrativos como vehículo para evadir Ley 80, y han excedido el uso de la figura de contratación directa. La ley de garantías es un freno a la utilización indebida de estas figuras en plena campaña política y proceso electoral. No es sino recordar las denuncias que hemos recibido de presiones indebidas a los contratistas en el INDER para entregar información con uso electoral ya sea a través de plataformas o de las típicas planillas. Si la administración quiere demostrar un verdadero compromiso anticorrupción, mal hace en sentar semejante posición.

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