Destrucción del valor público: el caso de la infraestructura educativa en Medellín

Por: Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín

La plata no brota de los árboles, por ello siempre hablamos de que los recursos económicos son limitados y ante poblaciones y necesidades crecientes, la política es per se un ejercicio o un arte de la priorización. Se priorizan necesidades a través de la definición de programas y proyectos a los cuales se les otorgan presupuestos que sintonicen con ese ordenamiento.

La muestra de un ejercicio de priorización que desconoce la anterior regla es lo que hoy sucede con la educación en Medellín: computadores futuro vs. el mantenimiento de la infraestructura física de los colegios.   Aunque puede ser loable la entrega de computadores en comodato a los estudiantes de instituciones educativas oficiales, el sentido de prioridad de la acción pública está completamente trastocada en Medellín y da más cuenta de una apuesta populista: la entrega de computadores parece más mediática que invertir en el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas, seguro el alcalde y su secretaria de educación no contaban con la astucia de que si no inviertes un mínimo de recursos en la infraestructura, esta termina cayéndose. Sin duda, estas apuestas del gobierno local deben ser cuestionadas éticamente. Lo que está en riesgo es la seguridad y el bienestar de los estudiantes, en cuanto mínimos concebibles, en la que es su segunda casa por naturaleza: la escuela.

Para llegar a una conclusión como esta, empecemos por recordar que el Plan de Desarrollo Medellín Futuro dedica en su plan de inversiones los mayores recursos a la línea 2 “Transformación educativa y cultural”. Son 6,3 billones que representan 3 de cada diez pesos a invertir. De estos, hay una destinación de $ 900 mil millones para infraestructura y ambientes de aprendizajes. El objetivo de tan importante inversión es: “Consolidar ambientes de aprendizaje adecuados, seguros, pertinentes y sostenibles, [1]que favorezcan el acceso, cobertura y permanencia de niños, niñas, jóvenes y adultos en el sistema educativo del municipio de Medellín”.

Como los planes tienen que bajar estos magnánimos deseos a indicadores, los más importantes en este caso son dos. El primero, un indicador de producto según el cual todas las instituciones oficiales deben tener mantenimiento de obra física al 2023. De forma extraña este indicador no tenía línea de base, o sea que no había información suficiente para saber cuántas instituciones educativas habían tenido en el cuatrienio intervenciones en la infraestructura. El otro indicador denominado de resultado es la razón alumnos por computador cuya línea de base debía pasar de 5,84 a 2, esto es, un computador por cada dos estudiantes de las instituciones educativas oficiales.

Sin entrar en demasiado tecnicismo, podemos decir que el primer indicador denota una total ausencia de especificidad, dice poco en realidad. Hacer intervenciones físicas en todas las instituciones educativas no nos dice nada sobre el estado en el cual se encontraba la infraestructura, las condiciones de seguridad, salubridad, confort, entre otros. Una institución educativa puede necesitar cuantiosos recursos pues su infraestructura está en estado crítico, y habrá otras tan recientes y en buen estado cuya intervención sea mínima.

Cuando arrancaron al final del año pasado y el inicio de éste algunas quejas por el estado de la infraestructura de algunas instituciones, desde Todos por Medellín solicitamos a la Secretaría de Educación el Plan Maestro de Infraestructura, la respuesta a finales de abril fue que aún no estaba listo, y debía surtir un trámite en el Concejo de Medellín para su aprobación. A esta altura del año el documento aún no se conoce. Mientras tanto, a las instituciones educativas afectadas les han dicho que existen unas fichas por cada una de ellas, pero cuándo las han solicitado, tampoco aparecen.

Sobre la apuesta de reducir el número de estudiantes por computador, hay que recordar que Colombia adoptó un modelo de gestión pública por resultados, dejando atrás el modelo tradicional de gestión basada en la provisión de bienes y servicios. Esto significa, en términos prácticos, que la entrega de computadores en comodato a los estudiantes no es en sí mismo un fin, los computadores son un medio para lograr resultados deseables en la educación pública en Medellín, como mayor calidad en los aprendizajes e incluso un incentivo para una mayor permanencia. Pero ojo, esto solo es posible si se surten otra serie de condiciones mínimas, justamente porque la gestión por resultados concibe la acción pública como una cadena de valor; se tienen que dar varias condiciones para que efectivamente se genera valor público[2], entendido este como la realización de actividades capaces de aportar respuestas efectivas y útiles a necesidades políticamente deseables.

Y aquí tenemos la triste historia de lo que acontece con la educación pública en Medellín; mientras la Alcaldía de Medellín se ufana de la entrega de computadores: a 26 de mayo de 2022 se habían entregado 21.284 computadores para un 30% de la meta de 70.945. En contraste, en la actualidad las instituciones educativas de Medellín sufren de graves problemas en las condiciones de infraestructura, de hecho, siete de ellas han tenido que ser cerradas.

En Medellín hay 229 instituciones educativas y 432 sedes educativas. En 2021, en promedio se invirtió en intervención de su infraestructura menos de un millón de pesos por sede. Se intervinieron 29 sedes para una inversión efectiva de $ 367 millones de pesos. En 2020 fueron 151 sedes y una inversión en mantenimiento de $3.800 millones. Para comparar con el periodo de gobierno precedente, el promedio anual de sedes intervenidas fue de 154 y una inversión de casi $14.000 millones de pesos. Esto significa que en los dos últimos años la intervención en la infraestructura educativa se fue a pique, y ya la sabiduría popular nos enseña que lo que no se mantiene, se acaba.    

Si revisamos la inversión más comprensiva en infraestructura; esto es: diseños, pre-inversión, construcción, ampliación, adecuación y mantenimiento, hay una caída estrepitosa de la inversión en los dos primeros años del gobierno de Daniel Quintero. El promedio anual de inversión[3] en el periodo 2008-2011 fue de $ 89.461 millones, entre 2012-2015 fue de $69.503 millones, en el periodo 2016-2019 fue de $43.922 millones, y en estos dos últimos años fue de $28.566 millones, con una importante salvedad en esta última cifra. En 2021 hay una inversión en estos rubros por $34.522 millones, no obstante, de estos, un convenio interadministrativo de más de $22.000 millones para la intervención de la infraestructura de las instituciones educativas fue suscrito con la EDU en agosto de 2021, y esta, a su vez, contrató en diciembre de ese año con el consorcio L&R dichas obras. En resumen, aunque en términos contables, hubo unos compromisos por el monto de este contrato en 2021, la ejecución física fue nula y solo hubo unos gastos administrativos por $ 75 millones de pesos.

Así, los que pierden son los estudiantes y sus familias. Después de un confinamiento por la pandemia, en el que justamente los niños, niñas y adolescentes fueron los más afectados, el retorno a las aulas no es lo que se esperaba, porque para la administración prevalece lo mediático sobre lo esencial, transgrediendo con ello, el derecho fundamental a la educación.

Pd: En este espacio no ahondé en otras condiciones fundamentales de la cadena de valor de la educación. Esperen en otra entrega mucho más sobre lo que está pasando con la educación oficial en Medellín. Y a todas estas ¿quién es realmente el poder en la Secretaría de Educación de Medellín?

Fotografía de portada: El Colombiano

 

[1] Negrilla no está en el texto original.

[2] Moore, 1995, citado en DNP.

[3] Todas las cifras aquí están dadas a pesos constantes de 2021, es decir, descuentan el efecto de la inflación.

Compártelo