El mal sabor del nuevo requisito para operar en Buen Comienzo

Un pan se reemplaza muy fácil, pero un abrazo no. Así resume Miriam Mesa, directora de la Fundación Carla Cristina, entidad que lleva más de 50 años al servicio de la niñez, el cisma que produjo en los operadores los cambios extemporáneos en las reglas de juego para prestar los servicios en el programa Buen Comienzo. 

(Lea aquí Dudas y reparos a las votaciones del presupuesto participativo)

Un cisma y una movilización ciudadana por lo inesperado de la noticia, ad portas de comenzar el calendario escolar, y por tratarse de una estrategia que involucra a una población tan importante como vulnerable: la primera infancia.

 

Dos datos ayudan a entender la dimensión de lo que representa el programa Buen Comienzo en Medellín: el programa cumple 16 años y se ha fortalecido y ampliado con el pasar de los años hasta el punto que, solo en 2020, atendió a más de 87.000 niños y se invirtieron más de $134.000 millones de recursos públicos.

La identificación de la ciudadanía con un programa clave para reducir las brechas sociales, que en diez años pasó de una tasa de cobertura del 26 % al 82 %, hizo que las redes sociales se llenaran de mensajes emotivos y de preocupación por el futuro inmediato de miles de niños, niñas, madres gestantes beneficiadas y mujeres que son operadoras del programa Buen Comienzo en la modalidad institucional.

“La diversidad de pedagogías en la atención ha sido una de las riquezas más importantes de Buen Comienzo. Pequeñas organizaciones enraizadas en el territorio han permitido la apropiación por las comunidades. Botar este acumulado es un error de esta alcaldía: #BuenComienzoNoSeToca”, indicó Gerardo Pérez, reconocido líder cívico y social de la ciudad.

“Ojo con recur-S.O.S del programa Buen Comienzo. ¿Quién nos informa a quienes quieren entregarle su presupuesto? No dejemos solas estas organizaciones”, cuestionó el fotógrafo Jesús Abad Colorado.

La concejala Dora Saldarriaga, de Estamos Listas, también llamó la atención sobre la necesidad de entender las causas y las consecuencias de darle un golpe en el tablero a un programa que ha sido ejemplo para otros rincones del país y del mundo. “Hoy se movilizaron sobre el cambio de condiciones en la contratación de #BuenComienzo. Es urgente conocer la motivación y efectos de dicha decisión. Lo más importante y lo que se debe priorizar es el cuidado y la seguridad alimentaria de l@s niñ@s de la ciudad”.

Como ellos, organizaciones sociales, gremios, concejales y diferentes voces políticas de la ciudad llamaron la atención sobre la necesidad de vigilar la pertinencia de los cambios y de llegar a consensos para que el programa no pierda su rumbo. En el horizonte está además la ambiciosa meta de aumentar la tasa de cobertura en atención integral a niños y niñas de 0 a 5 años en 10 puntos porcentuales, hasta 92%, y la tasa de cobertura en madres gestantes y lactantes con atención integral del 46% al 48 %.

Según datos oficiales de la Alcaldía de Medellín solo en estos cuatro años se proyectó asignar recursos para Buen Comienzo superiores al billón de pesos: $880.000 millones de recursos ordinarios del Municipio y un aporte del ICBF de $176.000 millones.

El germen de la polémica

Las organizaciones se enteraron de los cambios por los medios de comunicación. El principal era que la Alcaldía de Medellín comenzaría a exigir que los prestadores del servicio estuvieran inscritos en el banco de oferentes del ICBF, un trámite que hasta ahora no estaba contemplado y que tenía ya sus inscripciones cerradas para este 2021. El alcalde Daniel Quintero refrendó el revolcón con afirmaciones polémicas al decir que la contratación se asignaba a dedo y sin exigir requisitos técnicos y financieros, sin propuesta pedagógica y con estándares inferiores a los exigidos por le ICBF.

“Políticos no seguirán señalando a quien se contrata. $1 billón fue entregado a dedo en últimos 10 años con 8% por administración (El doble que cobra ICBF). Operadores que cumplen requisitos podrán seguir; quienes no, tendrán la oportunidad de demostrar que cumplen. Todos los operadores de Buen Comienzo deberán elevar sus criterios de calidad”, dijo el mandatario.

Unos señalamientos de Quintero Calle sin pruebas que se suman a otras imprecisiones anunciadas por Diana Osorio, gestora social de Medellín, al anunciar el pasado sábado en su cuenta de Twitter que «En un año de gobierno le asignamos a Buen Comienzo el doble del presupuesto y creamos la Unidad Administrativa para la primera infancia».

Vale aclarar que en 2020, el primer año de gobierno de Daniel Quintero, el presupuesto para Buen Comienzo no aumentó. Para este 2021, según datos oficiales de la Alcaldía de Medellín, se espera un aumento del 80 % del presupuesto para el programa al pasar de $134 mil millones a $241 mil millones.

Quienes han trabajado y conocen por dentro el programa cuestionan esos señalamientos de Quintero Calle. Camila Gaviria Barreneche, quien fue directora de Buen Comienzo entre 2016 y 2019, resalta que es clave la autonomía que ha tenido Medellín en ampliar la inversión y en estructurar lineamientos que permitan fortalecer esa atención integral.

“Medellín tuvo la capacidad técnica para estructurar su propio programa y de ahí nace la política pública. Buen Comienzo nació con un acuerdo municipal y se ha ido transformando hasta que el año pasado se convirtió en unidad administrativa y eso es un logro importante para la ciudad”, explicó.

No en vano Buen Comienzo ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, en buena medida, gracias al cumplimiento de los estándares que el mismo programa construye y mejora cada año y que han sido más exigentes que los del ICBF, incluyendo las interventorías en sitio realizadas por el Pascual Bravo con inversiones de más de $3.000 millones anuales para garantizar el cumplimiento de los lineamientos del programa y proponer posibles planes de mejoramiento en caso incumplimientos.

De acuerdo con los estándares de atención definidos en los lineamientos del Programa la Interventoría realiza visitas de verificación y otorga un porcentaje de cumplimiento. A diferencia de lo que expresa el alcalde, todas las entidades aliadas deben cumplir dichos estándares, que comprenden cinco componentes, a saber: pedagogía, salud, infraestructura, dotación y nutrición.

Camila Gaviria coincide, además, con la vocera de Carla Cristina, en que aunque se insiste en la importancia de la alimentación, en términos prácticos ese ítem es el más sencillo de suplir y el reto grande y que hace el programa transformador es el componente pedagógico que permite el desarrollo integral.

Justamente, una evaluación de impacto del programa llevada a cabo por el Banco de la República, regional Medellín, evidencia lo anterior, los resultados son positivos para peso y talla al nacer, mayor probabilidad de estar en el sistema educativo, menor probabilidad de desertar del sistema educativo, menor probabilidad de embarazo adolescente y mejor resultado en pruebas Saber quinto grado. El único resultado negativo es un menor rendimiento en prueba de lenguaje en tercer grado para las niñas participantes del programa. En ese sentido, reforzar los aspectos pedagógicos del programa en lo relacionado con las habilidades del lenguaje es un reto que evidenció la evaluación.

“Hay procesos de fortalecimiento continuo en estos más de 15 años y trabajo de organizaciones como Gota de Leche que llevan hasta 100 años de trabajo con primera infancia. Eso es muy importante para el crecimiento de un programa”, explicó Gaviria.

Gota de Leche no es la única con un trabajo asociado a la primera infancia que acumula décadas de experiencia y saberes. Carla Cristina lleva 57 años atendiendo primera infancia y la Fundación Ximena Rico cumplió 30 años al servicio de población entre 0 y 10 años, por mencionar solo dos de los cerca de 50 operadores que trabajaron con Buen Comienzo en el año 2020.

Principio de acuerdo y dudas en el aire

Antes de terminar una semana convulsionada, por las protestas y el revuelo de los cambios que dejarían por fuera a 28 de los 50 operadores, las organizaciones prestadoras del servicio anunciaron unos acuerdos con el Municipio para que la Alcaldía y Buen Comienzo permitan que los operadores acrediten los mismos requisitos que se piden en el Banco de Oferentes del ICBF.  Sin embargo, los señalamientos del alcalde siembran un manto de duda y no contestan las preguntas de fondo que se hacen quienes conocen por dentro uno de los grandes patrimonios de la ciudad:

¿Cumplir esos requisitos del ICBF si garantiza mejor calidad en la prestación de servicio? ¿En qué evaluaciones sustenta el alcalde las afirmaciones de irregularidades y malos manejos en Buen Comienzo? ¿Las directrices impartidas por el ICBF en relación con la exigencia de estar inscritos en el Banco de Oferentes son de obligatorio cumplimiento para las entidades territoriales?

Si Medellín es referente y caso de consulta del ICBF sobre el tema, ¿por qué la insistencia de que entren operadores nuevos y que aparezcan a la luz nombres de corporaciones cuestionadas como Colombia Avanza?

El año pasado dicha empresa fue seleccionada a dedo, dejando por fuera a cuatro organizaciones, para prestar una de las modalidades más importantes de Buen Comienzo: la modalidad familiar en un contrato por $16.000 millones y más de $4.000 millones adicionados al contrato.

 


Lo público es de todos, Todos por Medellín. 

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