EPM al tablero y una ventana de esperanza en Hiroituango

La continuidad de las obras de Hidroituango y, con ella, la necesidad de blindar las finanzas de EPM volvieron al tablero, este viernes, por más de seis horas en el recinto del Concejo de Medellín. La cita fue un debate de control político convocado por los concejales Daniel Duque (Verde), Simón Molina (Centro Democrático) y Carlos Alberto Zuluaga (Conservador) en el que participó el gerente general de EPM (Álvaro Guillermo Rendón).
También diferentes actores de la ciudadanía dolientes del tema de EPM, nosotros como Veeduría Todos por Medellín, el sindicato Sinpro, la Escuela Nacional Sindical y voceros desde la academia y las ligas de usuarios de servicios públicos.

Con sus diferentes matices y formas, el mensaje de corporados y demás participantes fue unánime: la necesidad de promover un diálogo y un escenario de concertación para que las reclamaciones legales entre EPM y el consorcio CCC Ituango no impliquen un cambio de contratista y un retraso adicional en las obras, teniendo en cuenta el objetivo supremo de que la obra comience a generar energía en el primer trimestre del 2022.

Al respecto uno de los mensajes más relevantes provino por parte de EPM, en cabeza del gerente Álvaro Guillermo Rendón, quien dio a entender que las conversaciones para que los contratistas continúen desde el 1 de enero del 2021 están adelantadas y no se pondría en riesgo el cronograma de la obra:

“No hay en el horizonte ninguna razón que nos haga pensar que no vamos a lograr la meta de generar energía en Hidroituango en el primer trimestre del 2022. Intentamos llevar los contratos de Hidroituango con el consorcio hasta diciembre del 2021, ya hay carta de intención y luego de eso la posibilidad de ampliarlo hasta que termine el proyecto. No lo puedo decir oficialmente, pero el ambiente va en esa dirección”, dijo Rendón.

El gerente Rendón dejó ver que, además de este panorama y de que sería posible que los mismos contratistas finalicen la obra, desde la empresa de servicios públicos ya se trabaja en un plan b (que podría ser un cambio de contratista a partir del 1 de enero del 2022) según lo determina la matriz de riesgos: “porque hay organismos de control actuantes y hechos imprevistos de la naturaleza que pueden venir y que no pueden desencadenar en que se suspenda el proyecto”, explicó.

Ese escenario hipotético arrojó preguntas, desde la Veeduría y desde Sinpro, sobre si EPM tiene alguna empresa diferente al consorcio actual que tenga el conocimiento técnico de un proyecto tan particular y complejo como Hidroituango que pudiera eventualmente asumir la ejecución del proyecto sin que eso implique meses de estudio y de empalme.

(Lea aquí Las cifras que no mienten sobre los morosos de EPM)

Llamados a dialogar y a recuperar decisiones técnicas

El concejal Daniel Duque, uno de los citantes y quien inició el debate, fue enfático en recalcar la necesidad de que se usen los mecanismos del acuerdo marco de gobierno corporativo en EPM y de que se tomen decisiones técnicas alejadas de cálculos políticos. Además de la vital importancia de reactivar el diálogo intersectorial que ha hecho a la ciudad ejemplo en el país:

“En EPM hay opacidad en la toma de decisiones en temas claves como las reclamaciones de Hidroituango, la solicitud de ampliación del objeto social y en la adquisición de Afinia. Necesitamos un modelo de gestión pública que hable con la verdad y un liderazgo que genere confianza a sus empleados, a la ciudad, al país, a las calificadoras de riesgo y tenedores de bonos. Lo que necesita esta ciudad es recuperar la confianza, tender puentes, volver a conversar nuevamente”, declaró en su intervención.

Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín, también intervino en el debate y mostró los escenarios hipotéticos que encara EPM e Hidroituango luego del próximo 31 de diciembre. El mensaje fue claro. Si la obra se detiene habría tres consecuencias difíciles de afrontar:

1. Pérdida de confianza de los prestamistas del Grupo EPM en la capacidad de pago de sus obligaciones financieras, particularmente los vencimientos de créditos en los años 2027 y 2029 superiores a 1.000 millones de dólares.
2. Caería la inversión social en Medellín porque se estima que con la entrada en marcha de Hidroituango la ciudad recibiría más de $500.000 millones de pesos adicionales en transferencias desde el 2022.
3. Riesgo en la provisión energética de Colombia ya que la entrada en operación completa de Hiddroituango representaría entre el 45% y el 76% de todo el aumento proyectado de la demanda energética de Colombia hasta el 2029.

“Nuestra propuesta es que concilien antes del 31 de diciembre y creemos que es el mejor escenario. Gerente y junta directiva de EPM, si se llega a un acuerdo y garantiza la continuidad del proyecto (Hidroituango) será la mejor decisión y los recordaremos por ello porque esto nos conviene a todos”, expresó Piedad Patricia Restrepo.

(Lea aquí La cotrarreloj para que no se suspendan las obras en Hidroituango)

Incumplimientos y llamados de alerta

Simón Molina y Alfredo Ramos, del Centro Democrático, cuestionaron los incumplimientos del alcalde Daniel Quintero frente a promesas realizadas en campaña como la congelación de tarifas de servicios públicos en la ciudad y señalaron que hay que despolitizar a EPM y extraerla de algunas decisiones que tienen tintes burocráticos:

“Hay que hablar de los incumplimientos de Daniel Quintero con temas como seleccionar al gerente de EPM por una firma cazatalentos y de la reducción en las tarifas de servicios públicos. Como se hace campaña se gobierna y no recuerdo ningún alcalde que haya violado los códigos de gobierno corporativo en EPM de esta manera”, señaló el concejal Molina, quien además cuestionó la independencia de la nueva junta directiva que aprobó en tiempo récord las reclamaciones legales que se adelantan frente al contratista.

Otra de las intervenciones destacadas fue la del académico, y exsecretario general de EPM, David Suárez Tamayo quien expresó que es doloroso el irrespeto y el maltrato al talento humano de EPM en los últimos meses, independiente de quién tenga la razón y agregó que en derecho no hay verdades absolutas por lo que la discusión jurídica sobre si reclamar y cuándo son opiniones confrontadas en las que no hay mayores certezas:

“Hay que advertir que si no se logra la conciliación, vamos a litigios de 8, 10 y hasta 14 años. Blindar a EPM es posible si se respeta la autonomía técnica, financiera y administrativa de la Empresa”, explicó Suárez Tamayo.

Vale recordar que la audiencia de conciliación por surtir en la reclamación de EPM por Hidroituango, frente a las firmas que participaron en el diseño, construcción, interventoría y aseguramiento, tendrá lugar el próximo 11 de diciembre. La diligencia es liderada por la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos y ya fue aplazada en dos ocasiones.

El objetivo debe seguir siendo el mismo: que las obras no se suspendan y que las 5.900 personas que trabajan hoy en Hidroituango continúen en la meta de sacar adelante el proyecto energético más importante para Colombia.

 

Lo público es de todos, Todos por Medellín.

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