¿Es necesario organizar a Medellín como distrito especial de ciencia, tecnología e innovación?

Por: Todos por Medellín (@TodosXMedellin

El 2 de junio se aprobó, en último debate, el Acto Legislativo 03/20 Senado – 467/20 Cámara, mediante el cual se pretende adicionar a los artículos 328 y 356 de la Constitución Política un inciso para “determinar que la ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación”. La idea con esta reforma constitucional es crear un escenario legal diferente para Medellín que le permita liderar iniciativas de emprendimiento en las citadas materias.

 

 

No obstante lo benéfico que parece el asunto para la ciudad, recordemos que el pasado 29 de abril de 2021 se llevó a cabo en el Concejo de Medellín un foro virtual en el que se discutieron los beneficios y riesgos de tal iniciativa, que después de la aprobación del día de ayer estaría solo pendiente de la revisión de la Corte Constitucional y de la sanción por parte del Presidente de la República.

En el foro participaron, entre otros invitados, el Viceministro del Conocimiento, Innovación y Productividad, Sergio Cristancho; la Directora Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aura María Cifuentes Gallo; los senadores Santiago Valencia Gómez e Iván Agudelo.

El Viceministro del Conocimiento, Innovación y Productividad afirmó en su intervención que la viabilidad de la iniciativa de reforma de la Constitución estuvo sustentada en el concepto técnico emitido por dicho viceministerio, en el que se destacan los avances de la ciudad de Medellín desde el año 2013 hasta la fecha; por ejemplo, la denominación de ciudad innovadora por el Citigroup, Urban Institute y The Wall Street Journal, seguido del reconocimiento hecho por la OCDE en el estudio Promoviendo el desarrollo de Sistemas Locales de Innovación del 2015 y en el 2017 por la Agencia de Innovación 2Think de Australia. También es un antecedente importante que en el 2018 en el World Economic Forum, Medellín, entre todas las ciudades del país, fue seleccionada para ser el Centro de la Cuarta Revolución Industrial 4RI.

Además, Sergio Cristancho destacó que, de acuerdo con las cifras presentadas por el Observatorio de Ciencia y Tecnología en el 2019, el monto de las inversiones de Antioquia en la materia asciende a 1,6 billones de pesos, los cuales, respecto de la meta fijada por al Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, representa el 25% del 0.74% de inversión nacional. La ciudad de Medellín tiene una inversión cercana al 2,14% de su PIB, con una meta para el 2021 del 3%, excediendo la media nacional. Estas cifras, son el consolidado de las inversiones públicas y privadas efectuadas.

En términos generales, se destacó que el “ecosistema” para que Medellín se organice como un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación está dado por las inversiones de la región y por la participación de actores como la academia, las empresas (públicas y privadas), el Jardín Botánico de Medellín, Ruta N, EPM, entre otros, que hagan de Medellín una ciudad competitiva.

En lo que concierne a los beneficios de que Medellín se convierta en un distrito especial, se encuentra la posibilidad de articulación de políticas públicas entre el nivel nacional y el local, que permitan el desarrollo de las iniciativas y la generación de conocimiento; mejoramiento de la capacidad instalada de la ciudad, el aprovechamiento de la economía circular, la atracción de nuevos capitales (programa de ciudades pares), crecimiento de la inversión extranjera y creación de nuevos empleos.

El senador Santiago Valencia, ponente del acto legislativo, indicó que en la legislatura pasada se presentó el Proyecto de Ley 2170/2020 Senado; pero cuando se solicitó el concepto al Ministerio de Hacienda sobre su viabilidad este señaló que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1617 de 2013, a partir de la entrada en  vigencia de la ley que se llegare a aprobar, es necesario que “el municipio de Medellín se reorganice en localidades -en reemplazo de comunas-, se designen alcaldes locales y por cada localidad debe haber unos ediles a los cuales hay que pagarles y  se debe destinar un 10% del presupuesto para que sean utilizados libremente en cada una de las localidades”. Estos ajustes representaban cerca de seiscientos mil millones al año de incremento en gasto público.

Para exceptuar a la administración municipal del régimen previsto en la Ley 1617 de 2013, se dispuso que debía tramitarse un proyecto de reforma constitucional en el que expresamente se indicara que al Distrito Especial de Medellín de Ciencia, Tecnología e Innovación le era aplicable el régimen especial que la ley definiera; lo cual significa que para que esta figura jurídica pueda ser materializada es necesario que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, se tramite una ley orgánica en la que se definan las condiciones administrativas generales de funcionamiento, sin perjuicio de las facultades de la entidad territorial, relacionada con la definición de la estructura administrativa del municipio, en cumplimiento del principio de autonomía territorial.

Lo anterior significa que con el actual proyecto de acto legislativo aún no es claro cuál es el contenido y la estructura que se le dará al distrito especial ni se define la forma en la que se obtendrán de otros actores, entre ellos el Gobierno Nacional, recursos adicionales para la promoción y el desarrollo de proyectos relacionados con la ciencia, la innovación y la tecnología.

Teniendo en cuenta la forma jurídica empleada para la creación del distrito especial, María Eugenia Ramos, experta en políticas públicas de la Universidad EAFIT, señaló que los principales riesgos del proyecto de acto legislativo están no solo en la aplicación de la Ley 1617 sino de la Ley 1454 de 2011. Esta última señala que los distritos deben organizarse en localidades. Ahora, si se va a expedir una ley especial para excluir del ámbito de aplicación de las leyes 1454 y 1617 al distrito especial de Medellín, podría generarse un conflicto normativo al establecer reglas distintas de organización y funcionamiento, que de manera definitiva no impiden que se cree nueva burocracia.

Ahora, en relación con los beneficios que se presentan para justificar la expedición del acto legislativo, se destaca que tales beneficios se han obtenido con los proyectos que hasta la fecha se han ejecutado en la ciudad sin que la entidad territorial sea un distrito especial; además, de que tales beneficios aun siguen estando en la esfera especulativa, ya que sin conocer el contenido de la ley no podrá hacerse una medición sobre su impacto en la economía de la ciudad.

En conclusión, no obstante el apoyo que la iniciativa tuvo de parte de las bancadas en el Congreso, la administración actual y los concejales, para los críticos del proyecto de acto legislativo existen alternativas distintas a la creación del distrito especial de ciencia, tecnología e innovación, que no llevan implícitas el riesgo de creación burocrática y desarticulación de los esquemas que la ciudad ha utilizado hasta ahora.

Otra voz calificada como Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos, valoró que toda iniciativa que apunte a recuperar el impacto económico derivado de la pandemia es relevante para la ciudad, pero advirtió que se necesita un horizonte muy claro en formación y participación:

“Los beneficios del proyecto, para la calidad de vida, dependerán del control de constitucionalidad, de garantizar la premisa de no aumentar los gastos de funcionamiento y dependerá también de aprender de los errores que se han cometido en otros procesos de Distrito. Medellín tiene una larga trayectoria en construcción identitaria alrededor de los procesos de participación en el sistema municipal de Planeación, a través de las comunas y corregimientos. Esto tiene sentido en la medida en que los ciudadanos puedan participar. Ese es el reto”.

En este contexto, el proyecto de acto legislativo seguirá su curso en la comisión de conciliación para que finalmente la Corte Constitucional se pronuncie solo respecto de los aspectos procedimentales del proyecto, ya que, tratándose de una reforma constitucional, su contenido no es objeto de control de constitucionalidad. Así, pues, en caso de aprobarse la reforma, el debate sobre la conveniencia y legalidad de la decisión de transformar a Medellín en un distrito especial se pospondrá para el momento en que se expida la ley que le dé contenido al asunto.

Será, entonces, en el trámite de la ley el momento en el que será necesaria la participación de todos los expertos y de los ciudadanos que permitan hacer un control efectivo para evitar que se materialicen los riesgos relacionados con el incremento del gasto público mediante la creación de cargos y estructuras innecesarias, y que no impidan la posibilidad de que los ciudadanos puedan seguir participando de la ejecución de proyectos a través del presupuesto participativo de ciudad, en caso de que este modelo sea remplazado por el funcionamiento de localidades representadas por autoridades nombradas por el Alcalde.

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