Hagamos valer nuestros acuerdos colectivos

Piedad Patricia Restrepo (@piedadrestrepor)

Vocera de Todos por Medellín

Esta es la historia de una familia antioqueña. La familia Jaramillo. Al papá lo mataron en la época de la violencia bipartidista, la mamá quedó sola al frente de la familia. Matriarca, echada para adelante, montó su empresa de arepas.

Ella se llama María y con su esposo tuvieron 20 hijos. 12 mujeres y 8 hombres. Cada uno de ellos, a su manera, apoyó a la mamá en el negocio: desde moler el maíz, hasta estar pendiente de la asada; la que era buena con las cuentas  llevaba la contabilidad, así como el más negociante era el que buscaba dónde vender las arepas. El negocio iba viento en popa, creció y daba para mantener a María y a sus 20 hijos. Conforme fueron pasando los años, con el aumento de las ventas y de la rentabilidad del negocio empezaron a aparecer los problemas y cada día se complejizaron más. De tener a todos los hijos trabajando en el negocio, empezaron a contratar a personal externo para hacer muchas de las labores que implicaba el día a día. Algunos hijos se fueron alejando de la empresa conforme se educaron y buscaron otras oportunidades laborales. Otros se quedaron al lado de María para seguirla ayudando.

El negocio siguió creciendo y ya no solo hacían arepas, sino también empanadas, palitos de queso, panes, pasteles, entre otros. Como ampliaron su oferta, las decisiones administrativas, financieras, contables y regulatorias se fueron complejizando. Ya todas las respuestas no las tenían ni María ni los hijos que quedaban. Entonces decidieron contratar a alguien para gerenciar el día a día de la empresa sin tener que preocuparse por cada decisión: a quien contratar, dónde comprar los insumos, a quién venderle los productos, qué locales alquilar, entre otros. La familia seguía con detenimiento los resultados de la empresa y conforme emergían asuntos estratégicos, sus miembros se reunían con el gerente para orientar la toma de decisiones con el objetivo último de que la ésta prosperara y fuera la fuente de riqueza que esperaban para María, sus hijos, sus nietos, bisnietos y futuras generaciones.

Pero la toma de decisiones se tornó difícil. Eran muchos en la familia, y las reuniones eran muy complicadas; no se llegaba a ninguna decisión. La experiencia acumulada no era suficiente para temas que se habían vuelto tan complejos. La familia decidió entonces delegar en María la toma de decisiones y conseguir unos expertos externos que permitieran orientar dichas decisiones para el bien de todos sus dueños, es decir, los miembros de la familia.

La señora María fue envejeciendo y pasados los 80 años, se encontró con una expectativa de vida cada vez más acotada. Sus decisiones empezaron a ser muy cuestionadas por gran parte de los miembros de la familia, porque María parecía estar más preocupada por usufructuar la empresa en el corto plazo que en el largo plazo. Quería destinar las utilidades de la empresa no para fortalecerla y hacerla más competitividad, sino para disfrutar de ella en extensos y cuantiosos viajes para sus hijos y nietos. Ella quería sacar el mayor provecho de la empresa pronto porque veía su muerte cerca.

La familia entendió que debía cambiar de nuevo la composición de quienes tomaban las decisiones. La señora María debía dejar la junta y ser reemplazada por alguien cuyo propósito fuera mantener a la empresa sólida y estable en el tiempo.

La evolución en la toma de decisiones de esta empresa familiar ejemplifica la importancia del término Gobierno Corporativo. Éste no es otra cosa que las reglas formales e informales que se idean para alinear los incentivos de quienes toman las decisiones en las empresas en favor de la creación de riqueza y la sostenibilidad en el tiempo.

Así como la familia Jaramillo construyó la empresa en décadas y décadas de trabajo, asimismo, los medellinenses han construido en más de cinco décadas el patrimonio más importante de la región: EPM.

De la misma forma que la familia Jaramillo entendió que era necesario hacer cambios en el esquema de toma de decisiones, la sociedad medellinense entendió que era necesario, con el tiempo, hacer acuerdos entre la empresa y el Municipio de Medellín, en representación de sus dueños, que permitieran blindarla de decisiones que, más que representar los intereses del gobierno de turno, representaran a la empresa como fuente de riqueza.

El balance en los últimos años de EPM nos muestra que, si al final las utilidades fueran distribuidas equitativamente entre todos los ciudadanos, estaríamos recibiendo un cheque por $400.000 al terminar cada año. Que le vaya bien a la empresa significa que nos va bien a todos los medellinenses, a través no solo de una prestación eficiente y de calidad en los servicios públicos domiciliarios, sino también a través de las utilidades que genera una empresa bien administrada.

Cuando falla el gobierno corporativo, las empresas están en riesgo. Y con empresas como EPM, de tanta trayectoria y solidez, lo más complejo es que las consecuencias de malas decisiones no se evidencian en el corto plazo con total nitidez. Así las cosas, y tomando en cuenta los principales acontecimientos que ha vivido la empresa desde el año 2020 en relación con temas clave en la toma de decisiones corporativa, es que el Sindicato más representativo de la empresa, Sinpro, interpuso una acción popular para defender el patrimonio público, la moralidad administrativa y la prestación eficiente de los servicios públicos  suministrados por la empresa.

La asociación Todos por Medellín cree en los argumentos de Sinpro y por eso tomamos la decisión de coadyuvar en la acción popular.

Los hechos más sobresalientes que alertan sobre el futuro de la empresa incluidos en la acción popular van desde declaraciones no sustentadas del alcalde Quintero cuando era candidato, pasando por decisiones estratégicas inconsultas con la junta, como la solicitud facultades pro tempore al Concejo para  el cambio del objeto social de la empresa y el inicio de acciones legales en contra de los contratistas del proyecto Hidroituango, que derivaron en la renuncia de ocho miembros de la junta. De acuerdo con los argumentos de Sinpro, ese quiebre en el gobierno corporativo ocasionó afectación a la reputación de la empresa y a sus finanzas vía reducción de la calificación de riesgo e impacto en tenedores de bono y otros grupos de interés. Asimismo, varios cambios en la gerencia de la empresa, rodeados de escándalos que van desde acusaciones al alcalde por injerencia indebida en la empresa, hasta acusaciones a uno de los gerentes  nombrados por presunta falsedad en documentos aportados a la empresa que acreditaban su formación y trayectoria.

Además de adherirnos a los hechos consignados en la demanda y complementar la información de alguno de ellos, así como a las pruebas y a cada una de las pretensiones expuestas por Sinpro, presentamos documentos y fundamentos de derecho adicionales, con base en los cuales se prueba y justifica, respectivamente, el incumplimiento del Acuerdo Marco de Relaciones suscrito entre EPM y el Municipio de Medellín.

El pasado viernes conocimos que la coadyuvancia fue aceptada por el juzgado donde se adelanta el proceso, lo cual implica que nuestros argumentos adicionales serán tenidos en cuenta en el proceso. Más allá del resultado jurídico, creemos firmemente en la necesidad de seguir vigilando lo que pasa con la empresa. El siguiente paso será juntar voluntades para hacer una propuesta de fortalecimiento de su gobierno corporativo, siguiendo para ello los lineamientos de la OCDE, como guía necesaria para preservar la sostenibilidad de EPM: nuestro patrimonio más preciado.

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