Inder ¿rumbo a una privatización de sus servicios?

Por: Piedad Patricia Restrepo (@piedadrestrepor)

El Inder es la marca de lo público en los barrios de Medellín. Quizás no exista otra entidad del conglomerado público que llegue a todos los rincones de la ciudad ofreciendo sus servicios. Canchas, piscinas, hasta complejos deportivos como los del Estadio y de Belén. 

El Inder es una entidad con alto reconocimiento entre la población. Así lo han mostrado las encuestas del programa Medellín Cómo Vamos, en las que esta institución siempre ha estado entre los primeros cinco lugares en conocimiento, favorabilidad y calificación a la gestión. 

Infortunadamente, desde hace varios meses venimos conociendo denuncias sobre manejos irregulares en la entidad que se han visto reflejadas, finalmente, en una reducción en la oferta de los servicios usuales que presta la entidad. 

Grupos de adultos mayores protestaron porque no tenían oferta recreativa desde hace varias semanas. Más recientemente se conocieron denuncias de que el personal asignado a las ciclovías está reducido a un 40%. Algunas piscinas están cerradas por falta de personal, así como muchas otras ofertas que no se han puesto en funcionamiento o se han disminuido. Los perjudicados son los ciudadanos que usualmente acceden a estos servicios deportivos, recreativos y de disfrute del tiempo libre. 

 

 

Desde mayo de este año la dirección del Inder lanzó un comunicado en el que planteaba un menor presupuesto para la entidad en 2021: “(hubo) una reducción presupuestal del 13% comparado con el año 2020” y anticipaba lo que ahora se refleja en las quejas de la comunidad. Desde Todos por Medellín revisamos la información contable y financiera de la entidad y llegamos a la conclusión de que el presupuesto inicial de 2021 (107.483 millones) es un 17% inferior al decretado en 2020 (129.590 millones). No obstante, encontramos que al menos desde 2016 el Inder está teniendo presupuestos del mismo orden de magnitud que el aprobado para 2021, y a lo largo del año la entidad usualmente recibe recursos adicionales del municipio. 

Es importante señalar que el deporte y la recreación han contado con menores recursos en Medellín periodo tras periodo gubernamental. Mientras en el periodo 2008-2011, época en la que se organizaron los juegos suramericanos, el deporte y la recreación representaron el 4,2% de la inversión total, en el periodo 2012-2015 representaron el 3,6% y en el periodo 2016-2019 dicha representación bajó al 2,6%. De hecho, como lo planteábamos en el análisis previo sobre el Inder, tomando dos años de referencia, mientras en el 2014 el presupuesto ejecutado fue de $170.133 millones, en 2020 fue $130.170 millones, significando una reducción de 39.963 millones en pesos corrientes entre esos dos años, es decir, en términos reales al descontar el efecto inflacionario, la reducción sería mucho más alta. 

Pero si la asignación presupuestal del Inder ha sido prácticamente la misma desde 2016, ¿por qué ahora las quejas desde la dirección de la entidad? Es importante tomar en cuenta cómo se asignaron los recursos del Inder en el 2020.  La palabra clave son los convenios interadministrativos. Del total de la contratación reportada por la entidad en el SECOP puede observarse que para el año 2020 hubo cambios significativos en la forma como se ejecutaron los recursos de inversión apropiados para la recreación y el deporte. Para el año 2020, la contratación del Inder en todas sus modalidades sumó un total de $122 mil millones, de los cuales $50 mil millones fueron entregados mediante contratos interadministrativos a Metroparques, para que este los ejecutara. Esto representó el 41% de la contratación del Inder, superando por 32 puntos porcentuales el promedio de contratos interadministrativos para el periodo 2015-2021, cuando fue del 9%. Específicamente, en relación con 2019, la entidad ejecutó todos sus recursos directamente, sin acudir a ningún convenio interadministrativo. 

Esta intermediación acarrea sobrecostos para el Inder por el pago de costos de administración que en algunos casos han sido del 12% de los recursos entregados. La cifra no es despreciable entendiendo que el 40% de la contratación se llevó a cabo con Metroparques; además, el desembolso de los recursos de una entidad a otra acarrea el pago del cuatro por mil sobre el valor total de los servicios, más el IVA que debe cobrase sobre el valor total de la administración. Es decir, esta intermediación implica que los recursos para ejecutar las actividades sean menos La pregunta es: si hay menos presupuesto ¿por qué se incrementan los costos intermediando las contrataciones? 

Otro dato relevante, es que de los $122 mil millones contratados en 2020, $92 mil millones corresponden a contratos de prestación de servicios dentro de los cuales $26,5 mil millones correspondieron a contratos interadministrativos con Metroparques catalogados como prestación de servicios. Así, de las actividades misionales del Inder que son desarrolladas por personas naturales, hubo una reducción significativa sin que haya claridad plena sobre cuál fue la destinación que Metroparques dio a los recursos, además de que esta última entidad entregó una parte considerable a un mismo contratista (Cyan Eventos). Estos datos permitirían explicar la reducción de la oferta no solo por el confinamiento que hubo en el 2020, sino que confirma que los recursos se destinaron a actividades de logística y ejecución de algunos programas intermediados, ejecución que también se dio en época de confinamiento social. 

Observamos también que los contratos de obra -dentro de los cuales se encuentran los contratos de jardinería y mantenimiento- se redujeron abruptamente, pasando de un monto de  casi 13 mil millones a apenas $100 millones; estas cifras, además de ser corroboradas con las denuncias sobre el estado de algunas de las instalaciones y escenarios deportivos, indican que los cambios en la ejecución de los recursos a través de otras entidades no tienen como objetivo garantizar el buen estado de los bienes administrados por el Inder, sino asegurar un ingreso para la otra entidad pública. 

Como si este panorama no fuera suficientemente desalentador en torno a la gestión de la entidad durante 2020, tenemos que las últimas denuncias ciudadanas llegan para alertar sobre una posible propuesta orquestada por la actual administración de la entidad para cambiar su naturaleza jurídica. Pasando de un establecimiento público a una empresa industrial y comercial del Estado o a una sociedad de economía mixta. 

Pensar en la transformación del Inder para ser una empresa industrial y comercial del Estado o a una sociedad de economía mixta tiene por lo menos dos implicaciones relevantes: i) el régimen jurídico sería especial, esto es, aplicaría reglas de derecho privado, ii) sus actividades, más que el cumplimiento de funciones estatales, estarían relacionadas con la transacción de bienes y servicios en un mercado en competencia. 

En ese sentido, la eventual transformación del Inder conlleva un mensaje de mutación de los servicios de recreación y deporte que presta la entidad, entendiendo que más que servicios de carácter público se trata de servicios que son susceptibles de ser cobrados mediante el establecimiento de una tarifa. 

De otro lado, en caso de que la transformación del Inder se hiciera efectiva mediante la creación de una sociedad de economía mixta, además de lo previamente señalado, implicaría que hay inversión de particulares en la constitución del patrimonio de la entidad. Esta condición exige que la sociedad, en el desarrollo de sus actividades, propenda por la generación de utilidad financiera y que la utilidad social sea un agregado. 

En conclusión, hay quienes ven el Estado como “el negocio”, cuando nada más contrario a su deber ser. El Estado está para servir a los ciudadanos y no para que algunos ciudadanos se sirvan de él. En esas estamos en Medellín. Así que hoy más que nunca debemos estar atentos no sólo al manejo de los recursos de entidades tan relevantes para el bienestar de los ciudadanos como el Inder, sino también ante cualquier propuesta de cambio en todas las organizaciones que hacen parte del Conglomerado Público del Municipio de Medellín. 

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