La novela de los seguros de Hidroituango

El proyecto Hidroituango ha generado diversas incertidumbres, especialmente a partir de la contingencia ocurrida en abril de 2018; algunas de las preguntas que surgen a partir de ella son: ¿a cuánto ascenderán los sobrecostos por la contingencia?, ¿quiénes pagarán tales sobrecostos?, etc. En la Veeduría Todos por Medellín hemos hecho una serie de análisis para intentar dar respuestas a estos interrogantes, de acuerdo con las decisiones que se van tomando en el proyecto y la información que los involucrados dan al público.

Recientemente el Alcalde Daniel Quintero Calle y EPM informaron que las aseguradoras pagarán cerca de $4,3 billones, de los cuales Mapfre pagará USD 983,8 millones que equivale a 3,8 billones[1] de pesos. Recordemos que el proyecto tiene las siguientes pólizas: Todo riesgo por valor de 10 billones de pesos, por lucro cesante de 2,4 billones de pesos, de responsabilidad civil extracontractual por valor de 23.000 millones de pesos y de administración y directores por 391.000 millones de pesos.

Sin dudar de la importancia de esta noticia para asegurar la continuidad del proyecto, los anuncios hechos por el Alcalde son imprecisos, ya que afirma que las aseguradoras pagarán esos valores “gracias al fallo de la Contraloría”, desconociendo que Mapfre desde el mes de diciembre del 2019 viene haciendo pagos anticipados que a la fecha ascienden a 1,2 billones de pesos, como parte de la etapa de ajuste entre esta y EPM, y que la decisión del órgano de control no está en firme, lo que significa que aún no hay responsabilidad de los presuntos implicados.

Además cuando la Veeduría mediante derecho de petición consultó a EPM, si los montos incluidos en el fallo de responsabilidad fiscal estaban o no incluidos en la cobertura de las pólizas, la empresa respondió que este dinero no podía ser cubierto en su totalidad por Mapfre como aseguradora del proyecto, ya que el seguro implica el concepto de riesgo asegurado como un hecho súbito e imprevisible que no depende de la voluntad del asegurado, mientras que la Contraloría falla por una “serie de hechos sucesivos y concatenados que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la Contingencia del 2018”, lo que significa que las pólizas no cubrirían los hechos originados en la actuación con dolo o culpa grave de los implicados.

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Como puede observarse de la lectura tanto de las declaraciones del Alcalde como de la respuesta dada por EPM, hay ciertas contradicciones entre lo dicho por el Gerente y por el Presidente de la Junta Directiva (Alcalde), toda vez que el primero señala que la aseguradora no cubre los montos originados en la culpa grave de los implicados; en tanto el segundo afirma que dicho pago se dará precisamente porque se probó dicha culpa.

En este contexto y ante la posibilidad de un acuerdo de pago que permita superar las restricciones legales derivadas de la ejecutoria del fallo de responsabilidad fiscal, los nuevos hechos confirman lo que se dijo desde diversas orillas desde el principio: el medio para recuperar los sobrecostos invertidos por EPM era mediante el cobro a las aseguradoras, y éstas ya habían expresado su disposición para hacer los pagos pertinentes de acuerdo con la cobertura de las pólizas. Por tanto, no se debió haber puesto el proyecto y su financiación en zozobra por medio de declaraciones inciertas y la intervención de la Contraloría que pudo ser evitada si se gestionan con mayor celeridad por parte de EPM las pólizas y no se suspenden por ocho meses las diligencias que hacen parte del tribunal de arbitramento del que son partes EPM y Mapfre.

[1] Para los valores en dólares de este texto se tomó una tasa de cambio de $3.910 COP/USD basados en el valor de la TRM del mercado en la fecha de esta publicación.

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