¿Qué cubren las pólizas del proyecto Hidroituango?

Por Todos por Medellín (@todosxmedellin)

Desde que ocurrió la contingencia en el proyecto Hidroituango en el 2018, se han dado un sin número de opiniones, argumentos y discusiones sobre en quién recae la responsabilidad por la emergencia ocasionada y el futuro del proyecto. Este ha sido utilizado como bandera política y hasta ahora, más de tres años después, es imposible determinar exactamente los costos extras, los cubrimientos definitivos de las pólizas y las pérdidas totales originadas en la contingencia, ya que esto depende del avance y entrada en operación del proyecto.

Actualmente hay una discusión sobre quién debe o no responder por los sobrecostos de la obra. Algunos dicen que las aseguradoras deben pagar con las coberturas de las pólizas, otros afirman que deben ser las 26 personas, jurídicas y naturales, que fueron encontradas responsables en el proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría y cuya decisión de segunda instancia aún está pendiente. Con base en esa discusión, no zanjada todavía, mediante el presente análisis se explican las características que las pólizas del Proyecto Hidroituango tienen actualmente, qué recursos han desembolsado hasta ahora, cuáles serían sus cubrimientos, qué aspectos no están incluidos dentro del riesgo asegurado y la importancia de estas en el desarrollo actual del proyecto, Todo esto, con el ánimo de aportar algunos argumentos técnicos en la discusión, que muchas veces pasan desapercibidos bajo ideas muy generales.

Póliza todo riesgo construcción y montaje (obra civil + equipos)

Como respaldo para esta contingencia el proyecto Hidroituango tiene tres pólizas tomadas con la aseguradora Mapfre que pueden ser reclamadas por los efectos generados por la contingencia de abril del 2018. La primera contiene una cláusula Todo riesgo construcción por un valor de USD 2.556 millones, lo que equivale a unos $9,63 billones de pesos[1]. Este monto total de la cobertura podría cubrir los gastos adicionales de obras, equipos y atención generados por la contingencia que hasta ahora se calcula en seis billones de pesos. Sin embargo, para un cálculo más cercano se deben tener en cuenta los aspectos específicos que son y que no son cubiertos por la póliza de seguros, los límites, sublimites y deducibles de ésta. Esta póliza de seguros no cubre los gastos incurridos por daños ambientales, afectaciones sociales, gastos de intereses, aumentos en tasa de cambio y costos derivados de la atención a la pandemia. Además de los gastos nombrados, no cubre algunos gastos técnicos-operativos en los que se ha incurrido por la contingencia para retomar el control total del proyecto como las actividades subacuáticas y los recubrimientos de los túneles[2].

Actualmente se calcula que el costo del proyecto aumentó unos seis billones de pesos[3] después de ocurrida la contingencia. No obstante, no se tienen unas cifras concretas del valor de los gastos que podrían no ser cubiertos por la póliza, únicamente se ha hecho pública una declaración del alcalde con unos valores aproximados que no serían cubiertos por la aseguradora. De acuerdo con el video publicado por el alcalde Daniel Quintero (después de una reunión con las aseguradoras del proyecto, la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, el Gerente de EPM y el Gobierno Nacional), la póliza no cubre los siguientes gastos: recubrimiento de túneles de captación (USD 150 millones – $565.500 millones), obras subacuáticas (USD 106 millones – $400.000 millones) y las obras para la estabilización de la montaña (USD 530 millones – $2.000.000 millones), lo que suma en total (USD 786 millones – $2,963,220 millones).

Si bien hasta el momento no se tienen unas cifras definitivas de los costos totales y los montos por los que responderán las aseguradoras, sí se sabe que han desembolsado un total de USD 350 millones de dólares, el equivalente a $1,262,950 millones[4]. Los nuevos pagos de indemnización sólo se pueden solicitar al establecer el alcance de los daños sufridos, que sólo se pueden determinar basados en el avance del proceso de ajuste[5] que va ligado al proceso de avance de la obra.

Póliza lucro cesante

El proyecto también cuenta con una cobertura de seguros para cubrir el retraso de entrada en operación, correspondiente a una póliza por el lucro cesante de la obra. Esto quiere decir que esta póliza se puede cobrar por recursos dejados de recibir por la no entrada en operación del proyecto en el momento pactado. La póliza fue tomada también con la aseguradora Mapfre, esta póliza tiene una cobertura de USD 628 millones ($2.367.560 millones) por el lucro cesante generado el primer año posterior a la fecha definida para entrar en operación (diciembre 2018). De acuerdo con nuestras estimaciones, el lucro cesante por los retrasos de la entrada en operación hasta la entrada de la octava unidad de generación sería de aproximadamente cinco billones de pesos[6]. Sin embargo, el valor dejado de percibir en el primer año, por el que se podría recibir indemnización, es de aproximadamente 1,6 billones[7]. Vale la pena aclarar que la póliza de lucro cesante sólo puede ser cobrada en el momento en que el proyecto empiece a generar energía. Antes de esto, la aseguradora no tiene la obligación de pagarla, por cuanto está sometida a la condición antes señalada. Además, también quedan algunas dudas con respecto al valor a recibir, ya que este depende de los precios a los que se estime la energía no producida, el precio que tendría la energía en el mercado en caso de que el proyecto hubiera entrado en operación, la indexación del dinero y las tasas de cambio al momento de realizar la indemnización.

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

La tercera es una póliza de responsabilidad civil extracontractual, la cual tiene un cubrimiento de hasta $23.000 millones. Esta póliza cubre una parte de los gastos estimados para la atención de las comunidades y terceros por la contingencia; sin embargo, el valor estimado de estos gastos está por encima de los $600.000 millones[8], lo que quiere decir que gran parte de estos gastos quedarían sin una cobertura.

Con respecto a las pólizas que posee actualmente el proyecto se puede concluir que si bien, de acuerdo con los datos de la contingencia, las aseguradoras deben responder por un monto relevante, estás no van a cubrir el valor total de los gastos incurridos o del lucro cesante. Con base en la demanda presentada por EPM contra las aseguradoras, ésta espera recibir lo correspondiente a 5.3 billones de pesos y USD 186 millones que en total suman un valor aproximado de seis billones de pesos (considerando costos de reparación ejecutados y presupuestados a la fecha, costo de los sistemas y equipos afectados y el modelo de afectación de ingresos). Por los motivos mencionados anteriormente, los valores totales de sobrecostos asociados al siniestro y los costos indemnizables por el seguro no se sabrán en definitiva hasta que entre en operación el proyecto.

Fallo de la Contraloría General de la República

Por otro lado, la Contraloría General de la Republica decidió, en primera instancia, que las 26 personas, entre naturales y jurídicas, son responsables por la destrucción del valor de la inversión al generarse costos injustificados por un valor de 4,3 billones de pesos. Según la información dada por EPM, en respuesta al derecho de petición presentado por Todos por Medellín, al consultársele sobre los montos que están o no incluidos en la cobertura de las pólizas, la empresa respondió que  este dinero no puede ser cubierto directamente por Mapfre como aseguradora del proyecto, ya que el seguro implica un concepto de riesgo asegurado como un hecho súbito e imprevisto que no depende de la voluntad del asegurado, mientras que la Contraloría falla por una “serie de hechos sucesivos y concatenados que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la Contingencia de 2018”.

Aun así, parte de las inversiones posteriores a la contingencia corresponden a las reparaciones de obra civil, equipos afectados y lucro cesante generados por la misma que están llamados a ser cubiertos por la póliza de seguros. Además de este cubrimiento, el proyecto cuenta con una póliza de administración y directores por un valor de USD 100 millones – $377.000 millones, que permitiría cubrir parte del valor del fallo de Contraloría en caso de rectificarse en las siguientes instancias, descontando la utilización previa que se haya hecho de esta póliza.

Esto quiere decir que una parte del valor de la responsabilidad fiscal de estas 26 personas puede ser asumida por las pólizas. No obstante, como se explicó anteriormente aún no se saben los montos de estas coberturas, por lo que todavía queda una incertidumbre frente a las coberturas de las pólizas de seguro tanto para la demanda de EPM a las aseguradoras como para el fallo de Contraloría que aún no tiene una decisión de segunda instancia.

Si bien aún no se tienen los valores exactos que pagarán las aseguradoras, cabe resaltar que los anticipos de las pólizas han sido de suma importancia,  al igual que la indemnización faltante que se acordará con el avance del proyecto, basados en el proceso de ajuste, ya que esto genera un respaldo para la continuidad del proyecto y la confianza necesaria para que éste pueda entrar en operación con la primera unidad de generación el primer semestre del próximo año como lo tiene planeado actualmente EPM.

Por último, es importante señalar que el valor solicitado por EPM a las aseguradoras es superior al monto definido por la Contraloría como detrimento patrimonial por destrucción del valor del proyecto. De ahí que el ente de control afirme por distintos medios de comunicación que si la aseguradora paga se procederá a archivar el proceso y los efectos jurídicos del fallo. La inhabilidad por la inclusión de los contratistas en el Boletín de responsables fiscales también cesará y no habría impedimento para que se continúe con la ejecución de las obras.

En ese sentido, la importancia de los seguros radica en que los anticipos realizados por las aseguradoras han permitido que continúen las actividades para retomar el control de la obra y que con el proceso de ajuste, de acuerdo al avance de ésta, y los pagos faltantes, permita tener a EPM una mayor certeza en torno a cuáles montos de los costos acaecidos por la contingencia serán recuperados y cuáles no.

Así las cosas, el pago de los seguros y la entrada en operación de Hidroituango están estrechamente relacionados. Es de la mayor relevancia que el proyecto entre en operación con las dos unidades de generación programadas el próximo año y lograr así el cumplimento de energía en firme de acuerdo con los compromisos suscritos con la CREG. Por esto, en la medida en que no haya ningún impedimento legal que le permita a EPM continuar con los actuales contratistas, es recomendable que sean estos quienes continúen con la ejecución. Lo que está en juego es la sostenibilidad de EPM. Las decisiones deben tomarse con base en ese objetivo superior.

[1] Para los valores se tomó una tasa de cambio de $3.770 COP/USD basados en el valor de la TRM del mercado en la fecha de esta publicación.

[2] Entrevista de la Veeduría con experto en seguros.

[3] Presentación de EPM en la Sesión plenaria 341 octubre 21 de 2021 en el Concejo de Medellín.

[4] Calculo hecho con la TRM promedio mensual al momento de cada uno de los desembolsos.

[5] Proceso administrativo en el que ambas partes (EPM-Aseguradora) buscan llegar a un acuerdo para definir lo que está incluido en la cobertura de la póliza, el valor de los bienes siniestrados y la propuesta de indemnización.

[6] La metodología usada para calcular el lucro cesante se basó en una estimación de la cantidad de energía dejada de generar de acuerdo con el cronograma de entrada inicial de cada una de las turbinas, el precio de venta y costos de la producción de energía de acuerdo con los datos financieros históricos de EPM. Éste valor sólo representa una aproximación de acuerdo con el método usado.

[7] Respuesta de EPM al derecho de petición con radicado 0305- 20210130074953 del 30 de abril de 2021, para la citación en el Concejo de Medellín por el proyecto Hidroituango.

[8] Tomado de Demanda de EPM a los consorcios constructores ante el Tribunal Administrativo de Antioquia

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