Venta de UNE ¿protección del valor público?

Piedad Patricia Restrepo
Vocera Todos por Medellín

Las decisiones públicas deben pasar siempre por un balance de beneficios y costos que permita responder si esa decisión crea, destruye o deja el valor público intacto.  Se entiende el valor público como aquel que crea el Estado cuando satisface las necesidades de la población y genera bienestar social desde la prestación de servicios oportunos y eficientes a la ciudadanía, los impactos sociales reales y la confianza y legitimidad en los actores que intervienen los problemas públicos (Conejero-Paz, 2014 citado en Observatorio de Políticas Públicas del concejo de Medellín-OPPCM, 2021).

Esa definición de valor público da pie para poner de relieve que la decisión que tendrá que tomar prontamente el Concejo de Medellín sobre el Proyecto de Acuerdo No. 65 en torno a la venta de las acciones que EPM y el INDER tienen en UNE no puede ser solo empresarial. Son varios los enfoques que deben tomarse en cuenta para una decisión que, justamente, proteja el valor público.

No será una decisión fácil para los concejales, quienes, finalmente, deben representar los intereses de todos los medellinenses. Máxime si se tiene en cuenta que el contexto de la ciudad y de un actor clave como EPM es de una complejidad alta. Ese contexto plantea, lamentablemente, una alta desconfianza. De un lado, no hay un ambiente de confianza sobre el adecuado manejo de los recursos públicos por parte de la Administración Municipal. De otro lado, tampoco hay confianza en la toma de decisiones en EPM.  Hay un claro debilitamiento en su gobierno corporativo; la evidencia son los más recientes nombramientos en vicepresidencias y en Afinia, donde hay una estrecha relación con la Administración Municipal y un perfil menos técnico y más político en quienes fueron designados en estos cargos.

Debemos partir de la base de que proteger el patrimonio público no es sinónimo de no vender o dejar la propiedad estatal sobre la empresa en cuestión. Esto porque aquí se está planteando explícitamente que los recursos saldrían de una empresa con un porcentaje de propiedad pública a otra de propiedad ciento por ciento pública. Esto es relevante porque la discusión debe centrarse entonces en dónde esos recursos pueden ser más productivos o rentables para el municipio de Medellín.

Justamente una de las razones esbozadas en el proyecto de acuerdo como crítica a la hora de vender es la consideración de que participación accionaria en la empresa de telecomunicaciones no es hoy estratégica para EPM.

El quid del asunto es justamente ese. En los foros participativos en el Concejo justo en la semana que acaba de culminar se cuestionó reiteradamente sí efectivamente es o no es estratégica dicha participación.

Desde un punto de vista empresarial, UNE es una empresa de economía mixta con mayoría accionaria por parte de las entidades descentralizadas del municipio de Medellín. No obstante, luego de la venta de acciones a Millicom en 2014, se cedió también el control administrativo y operacional a esta empresa. Esto quiere decir, que las decisiones estratégicas no pasan hoy por EPM.

El mercado de telecomunicaciones hoy es un mercado en mayor competencia frente al de los servicios que presta EPM, es decir, frente a los servicios públicos domiciliarios de energía, aguas, gas y residuos sólidos. También es un mercado que exige cuantiosas inversiones, primordialmente por los cambios tecnológicos acelerados que le son característicos. Lo anterior implica un mayor riesgo en este negocio.

Y riesgo es otra palabra que se debatió al interior del Concejo. Quien invierte – personas o empresas- espera que a mayor riesgo haya mayor rentabilidad; si lo anterior no se da, la decisión más racional desde un punto de vista económico es salirse del negocio poco rentable y muy riesgoso y  entrar a uno que pueda ser igual de riesgoso pero más rentable. Este es el caso de las acciones en UNE. Son poco rentables pero muy riesgosas, mientras las inversiones en los servicios que presta EPM, principalmente el que le genera el mayor porcentaje de EBITDA es el de la energía, específicamente el de distribución. Así las cosas, de las inversiones como Hidroituango y Afinia, riesgosas, se espera que produzcan alta rentabilidad. En el primer caso, una vez entren en operación las primeras turbinas, en el segundo caso, de hacerse las inversiones de forma eficiente y con un trabajo continuo de fomento a la cultura de pago, puede ser un buen negocio.

Desde el punto de vista social, en el Concejo se plantearon dudas, principalmente, en relación con la brecha digital persistente en Medellín. Sobre el particular, los voceros de EPM explicaron que la responsabilidad de cerrar dicha brecha no le corresponde ni a EPM ni a UNE sino a la Alcaldía de Medellín. Recordemos que las empresas de servicios públicos no subsidian el costo de dichos servicios y tampoco los de comunicaciones. Los subsidios que reciben los estratos 1, 2 y 3 salen de recursos de los estratos 5 y 6 y de recursos municipales.

Valdría la pena que dada la creciente preocupación por la brecha digital y el papel que se le quiere asignar a UNE en ella, los concejales abordaran con profundidad en la propuesta plasmada en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro de Red Neutra. En el componente de Información, datos y generación de valor público, una de las principales apuestas del Plan se encuentra el proyecto de Ciudad Inteligente, cuyo objetivo general es Construir una red de fibra óptica que cubra en gran parte el territorio de la ciudad de Medellín y que permita llegar a menos de 50 metros del punto de conexión de cada abonado al servicio, implementando así una red de fibra neutra” y con objetivos específicos como  potencializar el desarrollo de las estrategias de Valle del Software y Distrito de Innovación desde la capacidad de acceso a internet con velocidades de conectividad altas y simétricas y habilitar el acceso a los servicios de Internet de forma equitativa para la población, con costos diferenciales para los usuarios finales acorde a la estratificación de los hogares. Este proyecto se valoró en más de $300 mil millones, con un aporte del Municipio de $142.500 millones.

Así las cosas, este proyecto se vislumbraba como la solución para el cierre de la brecha digital, sin intervención de UNE. Valdría la pena que los concejales y los distintos grupos de interés pregunten hoy cómo está este proyecto. Las noticias no son buenas (en otra columna abordaremos este proyecto). De acuerdo con algunas personas que fueron cercanas al proyecto, hoy éste está completamente desdibujado y lejano de los propósitos gestados desde 2016 por Ruta N, y plasmado así en el Plan de Desarrollo, entidad que se había acercado a entidades multilaterales, a EPM y hasta el Metro para tener un proyecto de talla mundial con el propósito de hacer de las telecomunicaciones un bien público.

Ahora bien, los recursos de la posible enajenación de las acciones de UNE se necesitan, de acuerdo con el proyecto de Acuerdo, para financiar parte del Plan de Inversiones de EPM 2021-2023 por $11,2 billones. Asimismo, no debemos olvidar que el Plan de Inversiones Plan de Desarrollo Medellín Futuro plantea recursos por venta de activos por más de un billón de pesos, que provendrían justo de esta venta. No obstante, aún no es claro en el proyecto de acuerdo cuántos serían aproximadamente los recursos que se obtendrían por la venta de las acciones y tampoco es claro a dónde irían exactamente los recursos.

En el caso de EPM, hay una coyuntura compleja que no debe desligarse de la decisión. De mantenerse el fallo de la Contraloría General de la República en segunda instancia, esto implicaría ,con alta probabilidad, el retraso de la entrada en funcionamiento de las primeras turbinas en Hidroituango, por el cambio de los contratistas derivado de dicho fallo.

De darse esta situación, EPM no tendrá fácil el acceso a los mercados financieros, ya que otro incumplimiento en la entrada en operación de Hidroituango generaría una rebaja en la calificación crediticia, mayor dificultad para acceder a recursos de crédito y a un mayor costo. Esto implica una necesidad mayor de apalancamiento, vía venta de activos, para sus negocios más estratégicos.

No obstante, bien valdría introducir otra variable al análisis: los seguros del proyecto Hidroituango. Es deber urgente de EPM mostrar a los grupos de interés sus acciones en aras de que las aseguradoras paguen por los daños acaecidos con la contingencia de Hidroituango. Estamos hablando de poco más de 12 billones, si se cubre la totalidad de los seguros adquiridos, esto es, más que el total del plan de inversiones hasta 2023 de la empresa.

En conclusión, para crear valor público debe haber confianza y debe haber legitimidad. Esas condiciones no están dadas hoy. Lamentablemente, el criterio económico queda relegado, donde hay más argumentos a favor de vender que no vender, y se antepone un criterio de precaución. Para poder recibir hay que dar. A eso se le llama reciprocidad y es una de las bases del capital social. El manejo dado a EPM durante esta administración sólo deja dudas de independencia y autonomía. Entregar un cheque de unos cuantos billones exigiría por lo menos atarlo a unas condiciones estrictas de asignación, seguimiento y cumplimiento, es decir, idear un instrumento jurídico y financiero que permita blindar el uso de los recursos de la venta. Esto sí sería una relación de reciprocidad. Te doy y me das. Si no hay reciprocidad, la mejor decisión para el patrimonio público es un rotundo NO a la venta de UNE.

Colofón: es necesaria una reflexión, que va más allá de esta decisión, sobre la concepción de la administración municipal, en cabeza de Daniel Quintero, en torno a los negocios estratégicos de la economía de las TIC dentro del Conglomerado Público del Municipio de Medellín. Llama la atención por qué la misma administración municipal, que propuso cambiar el objeto social de EPM incluyendo comunicaciones y nuevas tecnologías, a la par, hace la propuesta de venta de acciones de la empresa mixta de telecomunicaciones. Hay una contradicción evidente que no puede ser dejada de lado, porque aún persisten indagaciones en relación con la ampliación del objeto social de EPM. Por ejemplo, desde Ruta N se explora en la actualidad la posibilidad de que EPM entre a negocios de manejo de datos a través de la creación de la Sociedad de la Información.

 

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