¿Daniel Quintero es un perseguido político?: Comunicación a la CIDH

Activar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sin el cumplimiento de los requisitos que este exige es un acto de irresponsabilidad con el Estado colombiano, con las organizaciones que trabajan para prevenir la corrupción y con el sistema mismo. 

Tuvimos la oportunidad de conocer, a través de publicaciones de Daniel Quintero Calle, que este solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares porque está en riesgo su vida y porque, según él, es un perseguido jurídico y político. 

¿Qué tan cierto es lo primero?  

Si bien es cierto que el alcalde ha expresado que ha recibido varias amenazas, también es cierto que la Policía Nacional ha reforzado en varias oportunidades el esquema de seguridad del alcalde para proteger su vida e integridad, toda vez que cualquier amenaza a cualquier ciudadano es supremamente importante que las autoridades tomen cartas en el asunto. 

¿Se cumple, entonces, con los criterios de urgencia, gravedad y necesidad necesarios para solicitar medidas cautelares ante el Sistema Interamericano?  No, porque el Estado colombiano ha cumplido con la obligación de garantizarle su seguridad. 

Ahora bien, ¿es el alcalde un perseguido político y jurídico?  

De acuerdo con la definición del sistema interamericano, las personas que tienen esta connotación son aquellas quien, al verse en un riesgo inminente y sin que el Estado actúe, solicitan asilo político. Contrario a esto, las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales en contra de una autoridad no son una persecución ni política ni jurídica cuando hay mérito para ellas.  

Son acciones de los estados de derecho controlar y vigilar a quienes son elegidos democráticamente y, por ello, ostentan una posición de poder.  

¿Cómo sería un Estado sin el control al poder?  No podemos olvidar que Daniel Quintero es el gobernante de la segunda ciudad más importante de Colombia, con un patrimonio público de siete billones anuales.  

Algunas de las denuncias contra de Daniel Quintero y su administración han sido interpuestas por quienes ejercemos control social; estas denuncias hacen parte de los mecanismos de participación ciudadana y están incluidas en los derechos humanos a la libre expresión y a la libre asociación.  Así que usar el Sistema Interamericano sin que los órganos de control colombianos se hayan pronunciado es una forma de hostigamiento a quienes legítimamente buscamos prevenir la corrupción. 

Por ello, el 2 de mayo de 2022 enviamos una comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tengan una visión mucho más amplia de lo que está pasando en la ciudad, para advertir del posible uso del Sistema Interamericano para reforzar una narrativa de  odio y división y una eventual vulneración de nuestros derechos cuando el Sistema se instrumentaliza. 

¿No será, señor alcalde, que lo que usted intenta es evitar el control legítimo de las autoridades colombianas?

Compártelo
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email