El gobierno de la ciudad

Por Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín

Mucho se ha hablado del “Modelo Medellín” como el responsable de grandes avances en los últimos 20 años en la ciudad. Sobre dicho modelo se ha señalado que su característica más esencial es convocar a diversos actores a pensar los desafíos de la ciudad y a trabajar unidos para hallar soluciones y ponerlas en práctica.

Usualmente, se ha hablado de una exitosa tríada: universidad, empresa, Estado. Tanto así que hay una institucionalidad creada desde muchos años atrás que se denomina el Comité Universidad, Empresa y Estado -CUEE-. Pero a esta ecuación le queda faltando un actor más, de suma relevancia, que fue vital para salir de la crisis de los noventa: las organizaciones sociales y comunitarias.

Parte de la crisis que vive hoy Medellín tiene su sustento en la menor participación de las organizaciones sociales en el gobierno de la ciudad, situación que va en aumento. Estas, protagónicas tres décadas atrás, fueron cada vez menos visibles en los procesos decisorios de la ciudad, pese a que siguen trabajando incansablemente y con enormes barreras que les dificulta, incluso, su sobrevivencia.

Cuando hablo del gobierno de la ciudad, lo hago en el sentido más amplio de la gobernanza, esa que expresa la necesidad de trabajar conjuntamente para resolver problemas y obtener ganancias compartidas; no simplemente de los administradores temporales de los recursos públicos.

Medellín estaba viviendo en los últimos años un estancamiento en indicadores clave de progreso social que llamaban a todos los actores a revisar las estrategias empleadas para superar dicha situación; en otros términos, la gobernanza debía ser ajustada. Ese ajuste, en mi concepto, debía retomar muy en serio el trabajo y la voz de las organizaciones sociales y comunitarias que con muchas décadas de experiencia en trabajo territorial podían aportar miradas más incluyentes y asertivas en relación con los dilemas públicos que enfrentan las sociedades cada vez con más fuerza, derivados de los procesos de urbanización y las agendas de desarrollo más nutridas, como la de los objetivos de desarrollo sostenible.

En un reciente recorrido de nuestra Veeduría Callejea nos fuimos a conocer, de primera mano, el trabajo de varias organizaciones sociales en Medellín. Bien Humano, Combos, Integrar, Ecosesa y Andecol, tienen en común varias décadas de trabajo en pro de la comunidad. De las voces de sus directoras, todas mujeres por lo demás, destaco la pasión por servir desde una convicción inquebrantable de la importancia de su labor y, por tanto, de franquear todos los obstáculos con esa misma fuerza, ya que la situación de las ONG es cada vez más compleja, por lo menos la de la inmensa mayoría que desarrolla su labor apegada al desarrollo de su misión. Por ejemplo, luego de que la reforma tributaria de 2016, reglamentada en 2017, planteara la necesidad de cumplir ciertas reglas para beneficiarse del Estatuto Tributario Especial y que debían calificarse para permanecer en él y actualizarlo anualmente, más de 10.000 ONG cerraron en el país.

Del recorrido podemos decir que ellas trabajan con márgenes muy pequeños, lo que les dificulta mucho contratar con el Estado. La mayoría se financia con recursos de cooperación internacional, lo que les acarrea un gasto de tiempo relevante en la atención de “tecnicismos” para dar cuenta de la inversión de los recursos. Además, la contratación con el sector privado también puede llegar a ser problemática, en tanto el trato no es de igual a igual y se asume que la contratación con ellas no les acarrea gastos administrativos a estas. El resultado es un debilitamiento de las ONG.

La mayoría de ONG tiene un conocimiento valioso sobre el territorio, trayectorias probadas de trabajo altruista, que no mendicante, y mucho que aportar a la hora de visibilizar las necesidades de las comunidades. No obstante, su voz cada vez es menos escuchada, frente a otras voces que también son relevantes, pero no las únicas.

El estado caótico en el que se encuentra la ciudad hoy es el resultado de un debilitamiento de la gobernanza. Antes que llegar la esperanza con esta nueva administración, como lo ha auto proclamado Daniel Quintero, lo que se  ha dado es un desajuste de las fuerzas que tradicionalmente aportaban a la generación de ideas, a la implementación de programas y proyectos, a la creación de nueva institucionalidad.

Medellín necesita volver a pensar su modelo de gobernanza con urgencia. Una que busque juntar antes que dividir y excluir. Necesitamos que esa gobernanza se exprese como legítima y convocante. Para ello, no me queda duda, habrá que hacerse preguntas incómodas y desafiantes. Habrá que hablar del derecho a la ciudad, de nueva infraestructura versus el derecho de los moradores, del derecho al trabajo versus el derecho al espacio público de calidad, de las acciones frente a la adaptación y mitigación frente al cambio climático y la ocupación del territorio, de la transparencia en los procesos de contratación, del acceso a la información pública, de la promoción permanente de cultura cívica y política, de la importancia del control social. Si hacemos un llamado a la inteligencia colectiva para avanzar en este diálogo, cosas buenas saldrán de allí.

Posdata:  Hay una minoría de ONG que se están aprovechando de la contratación con el Estado para enriquecerse. Usualmente se crean para aprovechar oportunidades apalancadas en vínculos con políticos. O son de reciente creación, o “compran” unas ya creadas para canalizar el relacionamiento con políticos. Esas ONG usualmente son multipropósito, venden servicios de toda naturaleza como en botica. Ampliaremos sobre esto más adelante.

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