La veeduría ha interpuesto cinco denuncias ante la Fiscalía

Entrevista de Juan Felipe Zuleta a Piedad Patricia Restrepo para El Colombiano

A la serie de interrogantes no resueltos sobre el futuro de Hidroituango se suman otros temas de importancia para la ciudad como el proyecto de venta de acciones que EPM tiene en UNE y los debates en el Concejo. La vocera de la Veeduría Todos por Medellín, Piedad Restrepo, entrega luces sobre temas a los que la ciudadanía debe ponerle la lupa.

La Veeduría ha hecho varias críticas a la administración, ¿cuáles denuncias conocen?

“Hemos conocido irregularidades en cinco temas, con información que llega a nuestra Línea de la Confianza. Primero, en la celebración de un contrato entre el Isvimed y la Corporación Interuniversitaria de Servicios para la entrega de subsidios de arrendamiento a población vulnerable y la compra de un inmueble para la sede administrativa del Isvimed. Segundo, en el cambio de modalidad de contratación, direccionamiento y colusión en la celebración de los contratos de alimentación y aseo en el Hospital General de Medellín, entregados a la Corporación Ser Colombia y la Asociación Asís, empresas vinculadas entre sí. Tercero, en el contrato de entorno familiar del Programa Buen Comienzo, que atiende a 7.000 niños y 14.000 madres gestantes, entregado a la Corporación Colombia Avanza.

Cuarto, en el contrato de mantenimiento de zonas verdes del municipio, a través de la invitación de Metroparques a tres empresas de propiedad de un mismo grupo familiar, con presentación de ofertas que permiten concluir que fueron preparadas de manera conjunta. Y quinto, por inconsistencias en los títulos informados para designar un empleado público y acceder a un empleo público (Vicepresidencia y Gerencia de EPM)”.

¿Qué han hecho con esas denuncias?

“La Veeduría ha interpuesto hasta el momento cinco denuncias ante la Fiscalía, tres quejas ante la Procuraduría provincial, la Contraloría de Medellín y la Superindustria. Adicionalmente, seguimos investigando casos reportados por posibles delitos en varias entidades del conglomerado público del Municipio”.

El Concejo decidirá si aprueba o no la venta de las acciones de EPM en UNE. ¿Qué le conviene al Municipio?

“Debemos preguntarnos si con la venta se protege el patrimonio del Municipio, con una mirada que no sea cortoplacista. Tampoco debe ser una decisión política o ideológica, sino una decisión basada en criterios técnicos y empresariales. UNE es una empresa de la cual se esperan utilidades para sus accionistas, entre ellos EPM. Por tanto, entender bien el mercado en el cual se mueve, las proyecciones de inversión, el análisis de la competencia, de la demanda de los servicios ofrecidos, entre otros, debe ser analizado con rigor. EPM ha expresado que UNE no está dentro de su núcleo estratégico de negocio. Efectivamente, el mayor aporte a su Ebitda proviene del servicio de energía y de la distribución de esta. Adicionalmente, ha evidenciado la necesidad de apalancar su plan de inversiones en el periodo 2021-2025 con los recursos de esta venta. Así las cosas, los expertos que hemos consultado han llegado a la misma conclusión: desde un punto de vista empresarial, deben venderse las acciones de UNE por la fuerte competencia en ese mercado y por las grandes inversiones necesarias para poder competir y mantenerse a flote.

No obstante, también es necesario advertir, desde un punto de vista político, que el uso de los recursos de la venta es fundamental blindarlo. EPM ha argumentado que necesita los recursos para su plan de expansión, pero el Municipio también podría recibir recursos por la venta, de hecho, el alcalde desde la formulación de su Plan de Desarrollo incluyó una financiación de más de un billón de pesos, vía venta de activos. En ese orden de ideas, existe desconfianza en la forma cómo se vienen invirtiendo los recursos por parte de la Alcaldía y un evidente deterioro del gobierno corporativo en EPM, que llevan a sugerir que la aprobación por parte del Concejo debe incluir instrumentos jurídicos y financieros para establecer el uso exclusivo de esos recursos y hacer seguimiento a su inversión”.

¿Cómo afectará el ambiente político entre Concejo y Alcaldía la llegada de Julio González en reemplazo de Gabriel Dib, y la reciente denuncia contra la Alcaldía?

“Desde un punto de vista de la votación de temas clave, la entrada de González no supondría cambio alguno, pero el tono de las discusiones en el Concejo puede ser más complejo con su llegada. Es fundamental que las discusiones se sustenten en argumentos sólidos sobre el seguimiento riguroso a las metas del Plan de Desarrollo y la transparencia en la gestión de la administración. Sobre el segundo punto, la denuncia del expresidente Uribe va más allá de la relación entre Alcaldía y Concejo. Sienta un precedente importante en relación con las denuncias interpuestas en torno al manejo de los recursos de la administración. Si esta denuncia genera interés de la Fiscalía para abrir investigación sobre esta y otras más, sería un paso importante para todas las personas e instituciones interesadas en que haya un control social efectivo a la gestión de lo público”.

¿Cómo explicarle al ciudadano cuáles pueden ser las consecuencias de un eventual cambio de contratista en Hidroituango?

“En caso de que la Contraloría falle en segunda instancia con el mismo resultado de responsabilidad fiscal para las firmas contratistas, existe una consecuencia cierta: la inhabilidad de los contratistas y la eventual solicitud de la Contraloría a EPM para que declare caducidad del contrato vigente con estas empresas. El cambio en los contratistas pone en riesgo la continuidad de la obra. No se nos debe olvidar que Hidroituango es una megaobra de gran complejidad técnica, más aún luego de la contingencia, donde se debieron desarrollar técnicas altamente sofisticadas para solucionar problemas encontrados. Adicionalmente, un cambio de contratista implica procesos contractuales que no son expeditos; estaríamos hablando de meses de retraso o más. Esto afectaría el flujo de caja de EPM por probable pérdida de las Ofertas de Energía Firme otorgadas por la Creg en 2012. Es decir, si Hidroituango no entra en funcionamiento en 2022, las pérdidas equivaldrían a 61 millones de dólares anuales entre ese año y 2038, así como el pago de una garantía por 170 millones de dólares. Afectaría también la valoración de las calificadoras de riesgo sobre su capacidad de pago, con consecuencias sobre la consecución y el costo del endeudamiento, justamente en un periodo crítico de necesidad de recursos para su plan de expansión”

PARÉNTESIS: “EN MORAVIA VEN CON DESILUSIÓN LOS INCUMPLIMIENTOS”

¿Qué es lo que está pasando en el barrio?

“Semanas atrás estuvimos en el barrio promoviendo la conversación sobre el ejercicio del control social en la ciudad y escuchando a la comunidad. El balance nos muestra que los habitantes ven con desilusión las promesas incumplidas en temas clave para la ocupación del territorio y las condiciones dignas de calidad de vida ligadas a la vivienda y el espacio público. Responsabilizan lo que está pasando hoy en el Morro a diez años de gobiernos que han incumplido las promesas, incluyendo el actual. Este es un llamado de atención importante sobre los procesos de participación ciudadana efectivos. Gobernar en democracia no puede ser imponer visiones, sino saber escuchar y poder negociar para llegar a acuerdos que beneficien al mayor número de personas. No puede imponerse a la comunidad una visión del desarrollo sin tomar en cuenta su historia, sus necesidades y sus aspiraciones. Las promesas incumplidas aumentan la desconfianza en la acción del Estado. Esto aplica para Moravia, pero también para otras comunidades que se enfrentan a los mismos desafíos. Seguiremos en estos recorridos por los barrios de Medellín y nuestro siguiente tema de conversación será el presupuesto participativo”.

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