El debate en torno a los Gestores Operativos para la Seguridad Territorial (GOSET), de los que se han conocido a través de redes sociales al menos dos casos de posible abuso de la fuerza, plantea varios interrogantes que es necesario revisar desde la perspectiva del ejercicio del control social.
Hoy se profirió la primera sentencia condenatoria dentro del caso relacionado con los contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La decisión se produjo mediante un preacuerdo. Explicamos qué significa y por qué constituye un hito procesal.
En los últimos días se ha hablado mucho del caso Aguas Vivas. Han circulado múltiples interpretaciones sobre la decisión adoptada por una jueza dentro del proceso penal, incluso se ha afirmado que el caso terminó o que no existe investigación.
El debate ha comenzado a trasladarse a escenarios de confrontación política, pero ninguna de esas discusiones responde la pregunta realmente importante: ¿Qué fue exactamente lo que decidió la justicia? Y, sobre todo, ¿qué significa esa decisión para el futuro del caso?
Las recientes actuaciones de la Fiscalía General de la Nación representan un nuevo avance en la investigación relacionada con la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Este es un buen momento para contar cómo se investigan los grandes casos de corrupción, pues detrás de cada imputación existe una historia institucional que vale la pena conocer.
Nuestra última conversación tuvo por finalidad la promoción del diálogo participativo sobre los factores que explican el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en Medellín y en el Área Metropolitana, para su desarrollo se invitaron a representantes de distintos sectores, entre ellos la academia, a partir de la participación de la Escuela del Hábitat – CEHAP de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional – UNAL y de la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana – UPB; el sector público, mediante el Departamento Administrativo de Planeación – DAP y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED; el sector comunitario, representado en la Escuela Territorial de Barrios al Borde de Río y la Corporación Convivamos y el sector empresarial, representado en La Lonja.
En 2025, Todos por Medellín consolidó su papel en el país como plataforma ciudadana para el ejercicio del control social y la promoción de la transparencia y la integridad pública. En un contexto donde la ciudad ha enfrentado los efectos de un periodo de opacidad, riesgos de corrupción elevados y decisiones públicas poco transparentes, la veeduría demostró que el control social técnico, riguroso y preventivo es una herramienta indispensable para proteger lo público y fortalecer la democracia.
La Veeduría Todos por Medellín está a la espera de la resolución judicial que permita el acceso integral a la información solicitada —incluyendo flujos de caja, estudios técnicos y proyecciones financieras—, condición indispensable para realizar un análisis exhaustivo y técnico sobre la venta de la participación de EPM en Tigo Une.
En Todos por Medellín reafirmamos que el control social ciudadano es un derecho constitucional y una función institucional que ejercemos con independencia, rigor y responsabilidad.
En su sesión de este 17 de septiembre, el Consejo Asesor de la Veeduría Todos